IGJ Porteña
Para la Justicia, el organismo porteño "usurpa" funciones del Gobierno Nacional.
Por: Daniel Gutman
La entrada en funcionamiento del organismo del Estado porteño creado para registrar y controlar las sociedades civiles y comerciales fue frenada por un fallo judicial. El juez nacional en lo Comercial Máximo Astorga consideró que con ese cuerpo -creado por la Legislatura porteña el año pasado, a instancias del macrismo- se pretende realizar una "usurpación" de funciones de la Nación, que ésta ejerce a través de la Inspección General de Justicia (IGJ).
"Todavía no estamos notificados, pero apenas lo estemos vamos a apelar la decisión del juez. En primer lugar porque un juez nacional es notoriamente incompetente para pronunciarse en este tema que tiene que ver con la Ciudad", dijo a Clarín el jefe de los abogados del Gobierno porteño, el procurador Pablo Tonelli, quien atribuyó la presentación a "sectores que hacen lobby para que la IGJ no pierda sus funciones en la Ciudad". En juego estarían unos 40 millones de pesos anuales y el acceso al control de las sociedades.
La medida cautelar fue dictada a pedido de la fiscalía general ante la Cámara Comercial. El Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas porteño en realidad todavía no entró en funcionamiento, aunque Macri ya designó a su titular, que es el ex ministro de Justicia y ex diputado nacional Jorge Vanossi.
En la presentación se planteó que la creación del Registro viola el artículo 10 de la llamada ley Cafiero (que garantiza los intereses del Estado Federal en la Ciudad). Esa norma establece que la IGJ, igual que el Registro de la Propiedad Inmueble, "continuarán en jurisdicción del Estado Nacional".
Esa ley, fuente de polémicas desde su sanción, fue modificada el año pasado para que la Ciudad pudiera tener su propia policía, pero el artículo 10 no se tocó.
Para el diputado porteño del PRO Martín Ocampo ese artículo, de todas maneras, "es inconstitucional porque violenta la autonomía de la Ciudad. La función de registro público de comercio es una función local, en la cual la Nación no tiene interés legítimo".
En cambio, el legislador Alejandro Rabinovich, sostuvo que no pueden convivir un registro de sociedades nacional y otro porteño "porque eso conlleva a una incertidumbre jurídica que posibilita el lavado de dinero y los delitos tributarios".
También el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, acordó con el fallo y consideró que la Legislatura "usurpó facultades de la Nación, lo que es de gravedad institucional".
Info Clarin.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario