Ante la presentación de un proyecto de Ley de Honorarios Profesionales, en el Senado de la Nación, transcribimos un comunicado del CPACF, referente al tema, el cual es bastante esclarecedor.-
El proyecto de Ley de Honorarios presentado por la senadora por la Provincia de San Luis, Dra. Negre de Alonso, si bien comparte algunas de las aspiraciones de la familia de los abogados, carece de pautas concretas para adecuar la retribución de los letrados como trabajadores de la Abogacía, con la realidad del proceso y la del cliente y con el orden público, variando en este sentido, el verdadero espíritu que debe imbuir a una reforma integral en materia de honorarios.
Celebramos que, en el proyecto, a nuestros honorarios se los considere definitivamente de carácter alimentario y que los mismos sean valuados a través de una unidad de valor intangible que se mantenga vigente a través del tiempo e inmune a los azotes inflacionarios (es dable recordar que nuestros honorarios están congelados desde el año 1994 por obra y gracia de la reforma que impulsara el entonces ministro Domingo Cavallo, lo que nos ha generado un severo menoscabo de nuestros ingresos).
Sin perjuicio de ello, y ya ingresando en lo particular del anteproyecto, consideramos que el valor del llamado "Ius" propuesto está subvaluado "ab initio". En efecto, su valor partiría en el orden de los $83, mientras que su equivalente, por ejemplo, en la competencia de la Provincia de Buenos Aires asciende a la suma de $91 desde el año 2008, marcándose una clara diferencia en la retribución por igual tarea, realizadas por los abogados en diferentes competencias
Otra grave deficiencia es que se fija el honorario respecto del monto del proceso (suma reclamada en la demanda), lo cual dispara una desigualdad sobre la pretensión del cliente y el resultado efectivamente obtenido, generando así honorarios superiores a los montos que debieran efectivamente regularse. (ver art. 19 del proyecto), pudiendo incluso fomentarse una plus petitio por parte de colegas inescrupulosos.
En este orden, un claro caso de iniquidad frente a los justiciables, llevando a una desmedida retribución por nuestro trabajo, queda de relieve por ejemplo, en el art. 25. El mismo determina que el monto de los honorarios a percibir por un juicio de alimentos conforman el valor de 24 meses de la cuota que se reclama (actualmente, la mayoría de los colegas pacta con sus clientes una retribución equivalente a tres o cuatro meses). Por tanto pareciera que, una persona que reclame la suma de $2.000 por alimentos a sus hijos menores y que obtenga una cuota de $700, debería abonar a su letrado la suma de $48.000 en concepto de honorarios, atento que, en este caso, el artículo no remite a las pautas contenidas en el Art. 7º como sí lo hace en otras situaciones. Así, nadie podría hacer frente al pago de los mismos provocándose, incluso, la imposibilidad de acudir ante la Justicia. Igual suerte se correría en la hipótesis de remitirse a dicho artículo, por la plus petitio antes mencionada.
Se permite también pactar libremente con los clientes (art. 5) admitiendo así abusos que terminarán en Tribunales, acrecentando costos en forma inmensa y cercenando el acceso a la Justicia de millones de ciudadanos. O bien, por el contrario, permitirían llevar adelante juicios por mínimos aranceles que conllevan el abandono de los trabajos por falta de recursos para proseguirlos y potenciales casos de competencia desleal.
Asimismo, avasalla las facultades disciplinarias que el Congreso ha brindado a nuestro CPACF en la ley 23.187, en tanto entrega a los jueces la facultad de sancionar abogados que incumplan con deberes de ética (arts. 53 y ss. del anteproyecto)
Otra crítica severa merece la posibilidad que tendrían los magistrados de reducir los montos de nuestros honorarios en juicios que excedan los $5.000.000 (ver Art. 7º tercer párrafo). Si bien, y como primera crítica, hoy pareciera una causa justificada, dentro de tres o cuatro años, dicha suma quedará seguramente pulverizada por la inflación y no será "tan importante". Asimismo, es dable recordar que los abogados de la matrícula atendemos, por lo general, miles de juicios que ni por aproximación llegan a las seis cifras, por lo que muchas veces debemos desempeñar nuestra profesión por migajas, más allá de dejar en claro que un juicio por $10,oo lleva la misma contracción, responsabilidad y obligaciones que uno por U$D 1.000.000,oo. Cuando un abogado puede tener la posibilidad de litigar por un monto importante "compensa", en cierta medida, todos aquellos trabajos que lleva adelante por muy poco dinero, por lo que "limitarlos" sería sencillamente una confiscación contraria a los dictados de los arts. 14, 14bis, 17, 75 inc. 22 y concordantes de nuestra Constitución Nacional.
También es de repudiar, la potestad que brindaría a los magistrados de aumentar o reducir los honorarios en un 25% (Art. 7º), atento a que los jueces tienden, consuetudinariamente, a disminuir y/o a regular honorarios más cercanos a valores viles que a satisfacer una necesidad alimentaria, llegando a hacerlo en algunos casos, por debajo de los mínimos que establece la ya lamentable ley vigente.
Las señaladas anteriormente, son algunas de las objeciones efectuadas, a modo meramente ejemplificativo, por este Colegio existiendo, lamentablemente muchas otras, que tornan a este proyecto en inviable.
Por ello, si bien consideramos imprescindible la urgente derogación y reemplazo de la actual Ley de Honorarios y Aranceles, ésta no puede ni debe ser un parche desajustado con la realidad ni mucho menos reñido con el orden público, por lo que el proyecto presentado por la Dra. Negre de Alonso escapa a la necesidad de los colegas y es contrario a la voluntad de nuestra Institución.
A tal fin, nuestro Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consultando por las vías informáticas de estilo, ha elaborado y consensuado con su matrícula un proyecto ajustado a la realidad económica, la realidad social de los Tribunales y sobretodo, ajustado a Derecho el cual pretendemos sea considerado por los Sres. Diputados y Senadores como una propuesta cabal que contiene todos los elementos para dignificar nuestra vapuleada profesión y que será presentado en los próximos días.
Para ello trabajamos.
Jorge G. Rizzo
Presidente CPACF
Laura A. Calógero
Vicepresidente 1º
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