La CGT de Hugo Moyano y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional adhirio a planteo contra la LRT del CPACF

Tomado desde el CPACF.

 

 

 

Centrales obreras y gremios adhirieron a la acción del Colegio en contra de la Ley de ART

Entre ellas se destacan la CGT AR de Hugo Moyano, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, entre más de una decena de adherentes.

La acción declarativa iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en contra de la Ley de Riegos del Trabajo en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7, consiguió el respaldo de centrales y gremios que se oponen a la norma que semanas a tras fuera aprobada por el Congreso Nacional y que recibió duras criticas tanto desde los sectores gremiales como desde el ámbito del Derecho. 

En ese sentido, adhirieron a la acción judicial Hugo Antonio Moyano, Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT AR),  Raúl Amancio Martínez, Secretario General del Sindicato del Seguro de la República Argentina,  Julio Juan Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Miguel Ángel Díaz, Secretario General de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires,  César Marcelo Pariente, Secretario General de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), Gerónimo Venegas, Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Carlos Guido Frigerio, Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA),  Pedro Victorio Zambelletti, Secretario General de la Unión Personal de Fábricas de Pinturas y Afines, Mauricio Anchava, Secretario General del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines, Alfredo Hugo Palacio, Secretario General de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos, Juan Carlos Schmid, Secretario General del Personal de Dragado y Balizamiento, Abel Norberto Frutos, Secretario General de la Federación Argentina Unión del Personal de Panaderías y Afines, Hugo Antonio Moyano, Secretario Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios.

La Acción del Colegio
Los cuestionamientos, que se formulan desde el CPACF  son que se “desanima a reclamar una reparación plena a través de la vía judicial”, “prohíbe firmar pactos de honorarios con los clientes” y “separa las acciones de reparación del infortunio laboral de sus jueces naturales”.
En el texto de la demanda, que lleva la firma del Presidente del CPACF, Dr. Jorge Rizzo, la entidad que agrupa a más de 75 mil abogados,  destacó que  la nueva norma “coacciona al trabajador a elegir, en un plazo perentorio, el ofrecimiento que pudiera hacerle la ART” y  asimismo, “lo desanima a reclamar una reparación plena a través de la vía judicial; ya que luego de ejercida la opción, la que tiene el carácter de excluyente, el trabajador queda impedido de acceder a una revisión judicial amplia posterior”.
Por otro lado, continúa, “la Ley  Nº 26.773 cercena derechos de los abogados al prohibirles firmar pactos de honorarios con sus clientes; a la par que modifica la base para regular los honorarios en la acción civil, tomando sólo la diferencia que pueda llegar a existir entre el monto de la condena y la indemnización que le hubiera correspondido de acuerdo a la Ley de Riesgos del Trabajo”. Estas restricciones, para el CPACF, “tienen como único fin desalentar el reclamo judicial, colocando al trabajador en la necesidad de aceptar un acuerdo administrativo, sin patrocinio letrado y abusando de la situación de inferioridad, necesidad y urgencia de aquel que enfrenta las consecuencias de un accidente o enfermedad laboral”.
Asimismo, otro punto que se critica es que “separa las acciones de reparación del infortunio laboral de sus jueces naturales, trasladando la competencia a la justicia civil, que es una justicia que entiende entre iguales, ajena a los principios protectorios que rigen a favor del trabajador”.
Para el Colegio Público “quienes apoyan el nuevo régimen, sostienen que responde a la alta litigiosidad y la gran cantidad de reclamos resarcitorios, fruto de accidentes y enfermedades laborales, olvidando que estos daños se deberían reducir con normas que pongan el acento en la prevención y en la protección y seguridad del trabajador”.
Además, la acción tiene por objeto la tutela de un bien colectivo, dado que afecta a todos los abogados por igual y a la comunidad en su conjunto.  Para las autoridades del CPACF hay “una clara afectación a la dignidad, propiedad y libertad de los abogados de tal incidencia que no se justifica que cada uno de ellos promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la Ley Nº 26.773, encontrándose a tal efecto legitimado el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como ente público no estatal creado por la Ley Nº 23.187, cuyo finalidad, entre otras, es representar a todos los abogados que ejercen en el ámbito territorial de la Capital Federal”.